Cuatro trabajadores del Departamento de Niños y Servicios Familiares de Los Ángeles (DCFS, por sus siglas en inglés) podrían ser juzgados por negligencia por no haber evitado el asesinato del niño Gabriel Fernández, de 8 años, a quien tenían asignado.
El menor murió en mayo de 2013 después de sufrir meses de tortura y abuso a manos de su madre Pearl Sinthia Fernández y el novio de la mujer, Isauro Aguirre, según los fiscales. Los dos están a la espera de juicio.
La posibilidad de que los funcionarios encargados del bienestar de la víctima puedan ir a la cárcel tiene consternados a los trabajadores sociales de todo el país, ya que los involucrados podrían enfrentar acusaciones de negligencia, abuso de menores y falsificación de registros públicos.
Según las autoridades, Stefanie Rodriguez y Patricia Clement, además de sus respectivos Kevin Bom y Gregory Merritt, ignoraron ignoraron las constantes pruebas de abuso físico y minimizaron las lesiones que sufría Gabriel, que acabó perdiendo la vida a manos de sus presuntos abusadores.
Este es el primer caso en Los Ángeles en que trabajadores sociales se enfrentan a posibles cargos criminales por el desempeño de sus responsabilidades, de acuerdo a la fiscalía, y es uno de solo uno de un puñado de casos de esta naturaleza a nivel nacional en las últimas décadas.